3. No deberán tener la consideración de empresas en crisis, estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
4. Se exige que la pyme solicitante no esté incursa en ninguna otra de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones y no superar el límite de ayudas de minimis.